Guadalupe Taddei, bajo presión: hasta Morena exige explicaciones por señalamientos sobre contratos del INE

Ciudad de México, 22 de octubre de 2026. — La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta una creciente presión política luego de que investigaciones periodísticas señalaran posibles conflictos de interés relacionados con proveedores de material electoral y personas que han formado parte de su entorno laboral. El caso ya provocó llamados a dar explicaciones desde Morena, el Senado y la Presidencia de la República.

Las publicaciones ponen bajo escrutinio la relación entre funcionarios o exfuncionarios del organismo y empresas que han obtenido contratos públicos, algunas de las cuales, según reportes periodísticos, son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades financieras y en sus procesos de contratación. Hasta ahora, los señalamientos no equivalen a una resolución que determine que Taddei cometió un delito.

El caso del colaborador señalado como su chofer

Uno de los principales cuestionamientos involucra a Jonathan Navarrete Torres, identificado en registros del INE como chofer de la consejera presidenta. De acuerdo con documentos citados en reportes periodísticos, el 28 de junio de 2023 recibió un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, empresa dedicada al suministro de material electoral y proveedora de organismos públicos.

Ese poder le permitía representar a la compañía ante distintas autoridades. La información difundida también señala que Navarrete no declaró esa representación empresarial en su declaración patrimonial de junio de 2026.

La cronología es uno de los puntos que deben aclararse: el poder se otorgó en 2023, antes de que Navarrete se incorporara al equipo de Taddei en la función que los reportes identifican como conductor.

La polémica creció porque Corporativo Zeg aparece entre las empresas proveedoras señaladas en investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contratos públicos. La cuestión central es si existieron posibles conflictos de interés y si los controles institucionales fueron suficientes para detectarlos.

Un exdirector administrativo también aparece relacionado con proveedores

Los señalamientos no se limitan a Navarrete. Las publicaciones también identificaron a Jesús Octavio García González, quien fue director de Administración del INE hasta abril de 2026, como representante legal de Corporativo Zeg y de Cajas Graf en 2023.

La coincidencia entre antecedentes de representación empresarial y cargos dentro del organismo ha generado cuestionamientos sobre los controles para prevenir conflictos de interés en las contrataciones.

Además, los reportes han puesto bajo revisión adjudicaciones realizadas durante el periodo en que Taddei encabezó el Instituto Estatal Electoral de Sonora, entre 2014 y 2021. Sobre esa etapa, la propia consejera ha sostenido que hubo tres procesos electorales y que las adjudicaciones se hicieron a distintas empresas, sin que una misma compañía se repitiera, de acuerdo con los expedientes que invocó.

Siete empresas bajo investigación, según reportes periodísticos

La controversia se extiende a siete compañías vinculadas con el mercado de materiales electorales: Corporativo Zeg, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Hernández y Comercializadora Grupo Selati.

De acuerdo con las investigaciones periodísticas difundidas, la UIF indaga posibles esquemas de simulación de competencia entre proveedores, triangulación de recursos y otras presuntas irregularidades financieras y fiscales.

Estas investigaciones sobre empresas no demuestran por sí mismas que Taddei haya intervenido indebidamente en una adjudicación. Sin embargo, sí han generado exigencias para que se transparenten los contratos, las relaciones de los involucrados y los mecanismos de supervisión utilizados por el organismo electoral.

También se han planteado preguntas sobre una camioneta BMW blindada que Taddei utilizó entre finales de 2025 y abril de 2026. La consejera explicó que el vehículo asignado al INE había presentado fallas y que la BMW era prestada. Los reportes periodísticos cuestionaron si se había aclarado públicamente quién facilitó el automóvil y si existía alguna relación con los proveedores señalados.

Morena también le pide explicaciones

Uno de los aspectos políticamente más relevantes es que las exigencias de aclaración no provienen únicamente de la oposición.

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, pidió que el INE explique los señalamientos publicados. Sobre los casos que involucren a personas presuntamente relacionadas con su partido, sostuvo que deben ser investigados por las fiscalías competentes.

Por su parte, el senador morenista Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, consideró que Taddei debe responder de manera pronta y que se investigue y sancione cualquier irregularidad que llegue a acreditarse. Argumentó que la credibilidad del organismo electoral debe protegerse, especialmente ante la proximidad de nuevos procesos electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió que el INE aclare los señalamientos y transparente la información relacionada con las contrataciones. Además, planteó que se revise la actuación de las autoridades correspondientes.

Taddei niega favoritismos, pero quedan preguntas por responder

Ante la controversia, Taddei aseguró que la Presidencia del INE no tiene empresas favoritas y defendió que las contrataciones deben evaluarse a partir de sus expedientes, reglas y procedimientos.

También afirmó que las personas mencionadas en los reportes ya no forman parte del personal del instituto. En particular, rechazó que Navarrete hubiera sido su chofer y dijo que prefería referirse a él como un “asistente especializado”, aunque reconoció que estaba adscrito a la Presidencia del organismo.

La consejera anunció que pondría la información disponible a disposición del Órgano Interno de Control del INE y de la Auditoría Superior de la Federación para que se revisen los procesos de contratación.

Sin embargo, la presentación de un portal de transparencia no estuvo acompañada de una ronda de preguntas de la prensa. Algunos consejeros también señalaron que no habían sido informados previamente sobre la presentación de la plataforma.

¿Qué falta por aclarar?

La controversia deja varias preguntas pendientes: si las relaciones empresariales señaladas fueron declaradas conforme a las obligaciones legales; si hubo controles suficientes para prevenir conflictos de interés; cómo se asignaron los contratos a las compañías bajo cuestionamiento, y qué resultados arrojarán las revisiones de las autoridades competentes.

Por ahora, no existe una resolución pública que establezca que Guadalupe Taddei haya cometido un delito en estos casos. Los señalamientos provienen de reportes periodísticos y de investigaciones referidas sobre empresas proveedoras, por lo que las responsabilidades individuales deberán determinarse con evidencia y mediante los procedimientos correspondientes.

Lo que sí está documentado es que las exigencias de transparencia alcanzaron a figuras de Morena y a la propia Presidencia de la República. La atención se centra ahora en si el INE presenta información verificable que permita despejar las dudas sobre sus contrataciones y proteger la confianza pública en la institución encargada de organizar las elecciones.