Durazo atribuye a gobiernos anteriores el origen de la presunta red de contratos electorales; no aborda el caso del IEE Sonora

Hermosillo, Sonora, 6 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño publicó un posicionamiento titulado “La democracia no es un negocio”, en el que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las investigaciones sobre una presunta red empresarial dedicada a obtener contratos con organismos electorales, pero centró su mensaje en señalar que sus antecedentes se remontan a gobiernos anteriores a Morena.

En el documento, fechado el 5 de noviembre, Durazo señala a los hermanos Hernández Casillas como principales operadores de una estructura empresarial cuyos antecedentes, según expuso, se remontan a 1983, cuando iniciaron su trayectoria en el Gobierno Federal y posteriormente establecieron relaciones con funcionarios de administraciones priistas.

El mandatario sostiene que, después de abandonar el servicio público, los hermanos comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, en un esquema que habría trascendido diferentes gobiernos y que ya enfrentaba controversias desde 1999 y 2005.

De acuerdo con las cifras mencionadas por Durazo, la presunta red habría obtenido contratos superiores a los 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023, además de otros 646 millones durante 2024 y 2025. El gobernador señaló que las investigaciones apuntan a empresas vinculadas entre sí que presuntamente simulaban competencia para acceder a recursos públicos.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó información sobre contrataciones por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023, asignadas a empresas del grupo en 23 de los 32 organismos electorales locales. Para el periodo 2024-2025, reportó otros 646.3 millones de pesos en contratos con 15 organismos.

En su posicionamiento, Durazo cuestionó que se pretenda responsabilizar a Morena por las deficiencias históricas de las instituciones electorales y calificó ese planteamiento como una maniobra política. También afirmó que las responsabilidades deben determinarse de manera individual y que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias.

Los señalamientos que también alcanzan a Sonora

Sin embargo, el documento del gobernador no hace referencia específica a los contratos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC), ni a los cuestionamientos que han surgido sobre las empresas proveedoras de material electoral durante las administraciones de Guadalupe Taddei y Nery Ruiz Arvizu.

El tema ya llegó a instancias federales. El pasado 31 de octubre se informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al IEE Sonora los expedientes de contratos relacionados con empresas señaladas en las investigaciones nacionales.

El consejero presidente del organismo, Nery Ruiz Arvizu, confirmó que recibió el requerimiento y aseguró que el instituto prepara la documentación. También sostuvo que las auditorías anteriores no habían generado observaciones relacionadas con las presuntas irregularidades actualmente señaladas y manifestó su disposición a nuevas revisiones.

Por otro lado, la dirigencia del PRI en Sonora ha cuestionado adjudicaciones por un monto acumulado de 156 millones 837 mil pesos, que atribuye a empresas presuntamente vinculadas con el mismo grupo empresarial. Ruiz Arvizu ha rechazado esa cifra como una representación directa de los contratos del instituto, al considerar que suma operaciones de distintas compañías bajo el supuesto de que existe una relación entre ellas.

Una revisión periodística de contratos oficiales también identificó operaciones de Cajas Graf y Corporativo ZEG con el IEE Sonora por 77 millones 84 mil 814 pesos, además de una adenda por un millón 102 mil pesos. La documentación acredita las contrataciones y la participación de ambas empresas en un mismo procedimiento, aunque por sí sola no demuestra que haya existido una simulación de competencia.

El pronunciamiento del gobernador

Durazo concluyó su carta reiterando su respaldo a Claudia Sheinbaum y pidió que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes, sin privilegios ni encubrimientos.

No obstante, mientras el gobernador plantea que no se deben atribuir a Morena prácticas que, según su versión, vienen de décadas atrás, en Sonora permanecen pendientes las explicaciones sobre los procedimientos de contratación del organismo electoral estatal y los resultados de las revisiones solicitadas por las autoridades fiscalizadoras.

La discusión, por tanto, no se limita a establecer cuándo comenzó la presunta red empresarial o bajo qué gobiernos obtuvo contratos. También implica esclarecer quién autorizó las adjudicaciones, cómo se desarrollaron los concursos y si existieron irregularidades en cada procedimiento.